Bonnie Anderson, la presidenta de la Cámara de Diputados de la Iglesia Episcopal le ha escrito al Panel de Referencia de la Comunión Anglicana y al arzobispo de Cantórbery Rowan Williams "para esclarecer aparentes malentendidos tocante a la forma de gobierno de la Iglesia Episcopal tal como se reflejan en el contenido y las recomendaciones" del panel en su reciente informe sobre la Diócesis de Fort Worth.
Para abundar en los antecedentes de este informe, véase el artículo del ENS en: http://www.episcopalchurch.org/3577_81044_ENG_HTM.htm
A continuación el texto completo de la carta de Anderson del 12 de enero:
Con gran preocupación les escribo para esclarecer aparentes malentendidos respecto al gobierno de la Iglesia Episcopal que se reflejan en el contenido y las recomendaciones que aparecen en el informe del panel de diciembre de 2006. En lo tocante a nuestro llamado común a seguir juntos a Cristo en la misión y el ministerio como miembros de la Comunión Anglicana es necesaria la mutual comprensión del gobierno y la cultura del otro.
La Convención General de la Iglesia Episcopal se reúne cada tres años en un sistema legislativo bicameral que consta de la Cámara de Obispos, compuesta por todos nuestros obispos, y la Cámara de Diputados, compuesta de hasta cuatro clérigos y cuatro laicos electos por cada una de nuestras 111 diócesis. Más de 800 miembros integran la Cámara de Diputados.
Parece que el panel ha malentendido nuestra estructura de gobierno respecto a la primacía de la Convención y nuestra estructura general que exige que casi todas las decisiones importantes de la Iglesia Episcopal cuenten con el respaldo de los obispos, los clérigos y los laicos. La Cámara de Obispos no puede por sí sola decidir por la Iglesia Episcopal.
El panel interpreta nuestros Cánones de 1976 sobre la ordenación de mujeres como si hubieran sido "permisivos" en el sentido de que todo el mundo no estaba obligado a cumplirlos. El panel luego interpreta la adopción de los Cánones adicionales de 1997 sobre las mujeres y la ordenación como obligatorios. La interpretación de los Cánones de la Iglesia Episcopal es responsabilidad de nuestros tribunales eclesiásticos cuando un clérigo es acusado de violarlos y de la Convención General en todos los demás aspectos. Lo mismo se aplica a la interrogante de si el "Plan de Dallas" se ajusta o no a los Cánones. Sólo nuestros tribunales eclesiásticos o la Convención General están autorizados a hacer esas interpretaciones. En el gobierno de la Iglesia Episcopal, sólo la Convención General o los tribunales eclesiásticos pueden interpretar nuestros Cánones.
Hace treinta años, mediante nuestro proceso legislativo representativo, aprobamos permitir la ordenación de mujeres. Por lo general, en ese tiempo la Iglesia Episcopal no entendió que los Cánones de 1976 fueran "permisivos" o ambiguos. Sin embargo, para salirle al paso a cualquier posible malentendido, la Convención General, en 1997, con la concurrencia tanto de la Cámara de Obispos como de la Cámara de Diputados adoptó cánones adicionales con el propósito de disipar la duda de si el género de una mujer podía usarse para excluirla de la ordenación. La Iglesia Episcopal es en extremo clara en cuanto a su posición respecto a la ordenación de mujeres, y la Iglesia Episcopal ha sido en extremo caritativa hacia aquellos que no comparten plenamente esa posición.
El panel parece malentender la importancia del hecho que el proceso de ordenación en nuestra Iglesia se lleva a cabo en el ámbito diocesano. El proceso de discernimiento compete a la Comisión sobre el Ministerio, al obispo y al Comité Permanente de una diócesis. Las recomendaciones del panel proponen que una diócesis o un obispo diocesano pueda ignorar las disposiciones de los Cánones que específicamente estipulan que el género no puede ser un factor a considerar en el proceso de ordenación, la autorización a ministrar, la aceptación en una diócesis o la aprobación de rectores, en tanto a las mujeres se les permita ser ordenadas y prestar servicio en otras diócesis.
Si el porcentaje de personas que apoyan la ordenación de mujeres, o que se oponen a ella, es importante para el análisis del panel, debería entonces corregirse la incorrecta inferencia del panel de que un número substancial de personas en la Iglesia se opone a la ordenación de mujeres. Si cualesquiera de las recomendaciones del panel estuviera influida o se basara en esta desinformación, entonces el panel debería revisar esas conclusiones con la evidencia de que el apoyo a la ordenación de mujeres en la Iglesia Episcopal es extremadamente amplio así como vigorosa y jubilosamente aceptado.
Un último detalle respecto a un llamado "período de aceptación". A fin de poner en práctica las medidas recomendadas por el panel, en base a su interpretación de lo que está o no permitido durante un "período de aceptación" de toda la Comunión tocante a la ordenación de las mujeres, la Convención General, el cuerpo gobernante de la Iglesia Episcopal, tendría que estudiar las recomendaciones y llegar a una decisión en que laicos, clérigos y obispos convengan por igual. Tomamos nuestras decisiones respecto a la ordenación de mujeres y 108 de nuestras diócesis han estado celebrando y viviendo con gran gozo en esta decisión durante los últimos 30 años. En todos estos años, a nadie, incluido el obispo Iker, se le ha acusado de quebrantar la disciplina por la presunta violación de los Cánones al negarse a ordenar, licenciar, aceptar en la diócesis o aprobar a mujeres como rectores [de parroquias]. Nos resulta claro que a las mujeres no ha de negárseles el acceso a la ordenación. Hemos sido tolerantes con el obispo Iker.
Solicito respetuosamente que el panel reconozca que la falta de una plena comprensión del gobierno de la Iglesia Episcopal puede haber dado lugar a unas recomendaciones que serían antitéticas con nuestro gobierno y por consiguiente no serían adecuadas.
Solicito además que futuros organismos encargados de hacer recomendaciones al Arzobispo de Cantórbery sobre cualesquier asuntos que tengan que ver directamente con una provincia particular de la Comunión Anglicana, cuenten con una representación idónea de la provincia directamente afectada por las recomendaciones del panel. Pediría también un esclarecimiento del proceso por el cual se investigan y se indagan las proposiciones que se presentan al panel de referencia.
Si bien entiendo la difícil labor y la honorable intención del panel, hago votos de que el Arzobispo de Cantórbery llegue a entender que las recomendaciones hechas por el panel son incongruentes con el gobierno de la Iglesia Episcopal y, por tanto, de inadecuada aplicación.
Que en Cristo Jesús avancemos juntos en la importante tarea de la reconciliación y la paz.
Bonnie Anderson
Presidenta
Cámara de Diputados
